UGT considera que el Real Decreto supone un avance en la dirección correcta para proteger al colectivo, pero la regulación de las empleadas del hogar y del colectivo de la ayuda a domicilio debería estar recogida en normativas diferentes.
Uno de los retos que ha enfrentado este decreto ha sido encontrar un equilibrio entre el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y las responsabilidades de los empleadores respecto a la salud y seguridad de las personas que trabajan en sus hogares. El Real Decreto intenta implementar medidas que no impongan una carga económica o administrativa excesiva a las familias empleadoras.
No obstante, desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), aunque el decreto cubre adecuadamente las obligaciones hacia las empleadas del hogar, existe un problema al incluir en la misma regulación al colectivo de la ayuda a domicilio.
