El 20 de enero de 2025 se cumplen dos años del plazo máximo previsto para aprobar un reglamento imprescindible para activar el fondo creado por una ley aprobada en 2022.
Las asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos tienen previsto solicitar amparo al Defensor del Pueblo ante el retraso de dos años por parte del Gobierno para cumplir con la obligación de aprobar el reglamento que desarrollaría la Ley 21/2022, que creó el fondo de compensación para las víctimas de este agente cancerígeno.
Hoy en día nos encontramos con que el Gobierno no ha aprobado el Reglamento, y además ha elaborado un proyecto de Reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contradice el espíritu de la Ley, entre otras cosas, porque otorga unas indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales.
