En el 30 aniversario de la ley, UGT considera necesario y urgente que se actualice y se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo y pide a la patronal responsabilidad en la negociación que lleva 18 meses debatiendo en la mesa del Diálogo Social.
Desde su aprobación en 1995, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha supuesto numerosos avances en materia de sensibilización y creando derechos de participación de las personas trabajadoras a través de los y las delegadas de prevención y la creación de los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo. Esta ley establecía, además, obligaciones y responsabilidades a las empresas en materia de prevención y dotaba de coherencia a una serie de normas que se habían aprobado hasta el momento, en concreto la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. Las obligaciones constitucionales y la necesidad de transponer la Directiva Europea 89/391/CEE desembocó en el desarrollo de esta Ley, que introdujo novedades que mejoraban la protección en los centros de trabajo.
Sin embargo, es un hecho que tras 30 años no ha conseguido alcanzar algunos de sus objetivos principales; como que la cultura de prevención esté integrada en la gestión de la empresa y reducir de forma significativa la siniestralidad laboral. De hecho, en 2024 la cifra de muertos en jornada laboral ascendió a 833 personas trabajadoras, 68 más que en 2023.
