La aprobación en la Cámara Baja del texto permite la tramitación en el Senado de la primera ley estatal de movilidad sostenible, una normativa clave para mitigar los impactos del sector más contaminante de la economía española y, además, para mejorar los desplazamientos de las personas trabajadoras a los centros de trabajo.
La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible pone fin a más de tres años de tramitación y negociación parlamentaria en el Congreso de un texto que, desde su elaboración como Anteproyecto en 2022, recibió cientos de enmiendas por parte del conjunto de grupos parlamentarios. Es preciso recordar que la aprobación de esta ley constituye una obligación emanada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en la que no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte. En las próximas semanas, el texto aprobado en la Cámara Baja pasará al Senado, donde proseguirá su tramitación.
El sector del transporte es, de forma indiscutible, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. En 2024, este sector contribuyó con el 33,3 % del total de las emisiones de GEI, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En particular, el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 32,1 % del total de dichas emisiones.
Durante la tramitación de la ley, se han logrado incluir en el texto de la misma diferentes aspectos, entre los que se destaca uno muy importante para reducir la siniestralidad in itinere: «La obligación para las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Inicialmente, el proyecto de ley tan solo contemplaba esa obligación para las empresas de más de 500, las cuales apenas representan un 1% del total.»
Los planes de movilidad sostenible son una herramienta fundamental dentro de la gestión de las empresas para reducir los accidentes de tráfico en los desplazamientos al ir al trabajo y a la vuelta al domicilio.
